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El Tribunal Supremo no amnistía a Puigdemont. Todo ello porque el delito de malversación que atribuyen a los líderes políticos del procés no es amnistiable.
Entienden que el dinero público que usaron para impulsar el referéndum de 2017 si fue a parar a su beneficio personal porque así no tuvieron que pagarlo de su bolsillo. La Sala de lo Penal, con un voto en contra de una de las magistradas, eleva una consulta al Tribunal Constitucional para que decida las consecuencias prácticas que la amnistía debe tener, entre otros, para Oriol Junqueras, decisión de la que depende que pueda presentarse a las próximas elecciones catalanas.
Tanto la Sala como el juez Llarena tenían pendiente pronunciarse sobre el alcance de la amnistía desde hace varios días. En el caso de la sala de Manuel Marchena, sus argumentos son los de la ejecución de las condenas firmes e indultadas para Junqueras y varios líderes políticos separatistas más tras la sentencia de 2019. Por la parte del juez Llarena, por la malversación que atribuye desde 2017 a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, todavía pendientes de extradición y juicio. La Fiscalía, después de tener que llevar el asunto a la Junta de Fiscales de Sala, apostó por pedir la amnistía total en casos como el de Puigdemont.
De esta forma el Gobierno encuentra varios problemas para conseguir la amnistía que aseguraron a los independentistas. Está por ver cómo reacciona Carles, si vuelve a España o prefiere mantener su postura alejada de las figuras de autoridad españolas.
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Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país