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Ya es oficial que está siendo investigada Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, Presidente de España.
Lo hemos sabido mediante un auto en el que de forma específica anuncia que, pese a que no acuerda su declaración como investigada, «le atribuye dicha condición procesal». Por otro lado le da traslado de la citada resolución judicial. «Si lo estima conveniente, designe procurador y abogado que la represente» en las declaraciones de los directores de los medios de comunicación.
El magistrado «dirige la investigación contra Begoña Gómez, como posible partícipe en los hechos investigados. Estos pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios». De esta forma lo indica la resolución firmada por Juan Carlos Peinado.
Según expertos penalistas, teóricamente al investigado hay que citarle e instruirle de sus derechos. Esto no ha ocurrido por el momento en el caso de Begoña Gómez, pero por lo que señala el auto,» todo apunta a que el juez la considera investigada».
La imputación viene regulada en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dice expresamente que toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, algo que en el caso de Begoña Gómez ocurrió con el traslado de esta decisión concreta del juez. También regula este artículo el derecho a la persona a la que se atribuye indiciariamente un delito a ser informada de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados, un aspecto que según alguno de los consultados no parece que se cumpla en la resolución de apertura de diligencias
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