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Interior presenta la tramitación de un nuevo contrato para deportar a extranjeros en avión. Lo hace con el nombre de “servicios de transporte aéreo de personas en vuelos no comerciales”.
De esta forma el Ministerio del Interior prepara ya la nueva licitación para enviar a sus países de origen a los foráneos que tengan orden de expulsión. El coste presupuestado es de 16,3 millones de euros.
Los vuelos que van a contratar son de varios tipos. Serán viajes dentro de territorio nacional para trasladar a “aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deben ser alojados en Centros de Internamiento. También a lo sque estando ya ingresados en dichos centros deben ser trasladados a otros”. Por ejemplo, los que llegan patera a Canarias deben volar a la península.
Quieren vuelos para “ciudadanos extranjeros que estén bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre los que pesa una orden de expulsión forzosa del territorio nacional, que en ejecución de la misma deben ser trasladados a sus países de origen”. No hay que olvidar que la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, ‘sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social’ contempla la deportación. Solo de aquellos “extranjeros que cometan infracciones muy graves o los extranjeros condenados por determinadas conductas dolosas, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y en virtud de resolución motivada”. En todos los casos, los extranjeros siempre van acompañados en estos vuelos de funcionarios policiales. Los agentes no pueden ir armados y cobran unas dietas especiales si viajan fuera de España.
Interior, alegando razones de seguridad, no suele dar información de estos vuelos. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el ministerio obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluido siempre como requisito en todos los contratos. No habrá excepciones en la nueva licitación, que recogerá una cláusula específica que obligará a las compañías a formar a toda la tripulación y al resto de personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y confidencialidad” en lo relativo a “fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato que pueda ser relevante” para el operativo.
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