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La devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 no fue legal según el Tribunal Supremo. Ahora ha sentenciado que la repatriación llevada a cabo por la Delegación de Gobierno fue «ilegal» por la «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería y porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe «de manera lapidaria» las «expulsiones colectivas de extranjeros».
Los magistrados han defendido que las prescripciones de la Ley de Extranjería exigen unos procedimientos administrativos que no se llevaron a cabo en la expulsión de ocho menores marroquíes en agosto de 2021: el estudio de la información sobre la situación de cada afectado de forma individual, la audiencia del mismo si tiene madurez y la intervención del fiscal.
Como estas actuaciones no se llevaron a cabo, se ha considerado que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores, porque la Administración no hizo ponderación alguna de sus intereses, ni una comprobación de sus circunstancias individuales.
El Supremo ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado y de la ciudad de Ceuta argumentando que la Sala de lo Contencioso Administrativo establece que los retornos deben ajustarse a la legislación española y a sus garantías, y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores, como defendía el Estado.
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