Tribunal constitucional del Perú libera de prisión a Alberto Fujimori, expresidente condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad.
Alberto Fujimori, ex presidente de Perú y considerado el peor dictador de su historia, ha sido liberado de prisión del penal de Barbadillo, generando una ola de controversia tanto a nivel nacional como internacional.
A sus 85 años, Fujimori sale de prisión, donde estaba recluido desde 2007, cumpliendo una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó la excarcelación inmediata de Fujimori, recurriendo al mismo proceso que le había permitido disfrutar de libertad temporalmente en el pasado.
Este fallo ha sido recibido con gran división en el país, con figuras como el cardenal Pedro Barreto, quien ha criticado duramente la decisión, calificándola de «cachetada al país».
Los hijos de Fujimori, Keiko y Kenji, también políticos y perseguidos por la prensa, acudieron a la prisión para recibir a su padre.
La escena fue de euforia entre los simpatizantes, quienes se reunieron con banderas alrededor del penal, mientras otros expresaban su descontento y preocupación.
Hasta su liberación, Fujimori compartía la cárcel de Barbadillo con otros dos ex presidentes peruanos: Pedro Castillo, acusado de golpismo, y Alejandro Toledo, acusado de corrupción y extraditado desde Estados Unidos.
La expectativa crece también en torno a otro ex presidente, Ollanta Humala, cuyo juicio avanza.
El TC, en una decisión muy cuestionada, basó su fallo en un recurso de reposición.
La sentencia inicial de 25 años se debió a múltiples delitos, incluyendo matanzas y corrupción.
El presidente del TC, Francisco Morales, expresó su frustración ante la demora en la ejecución de la orden de liberación.
La decisión del TC fue respaldada por tres magistrados sin consultar al resto, lo que provocó críticas internas.
César Ochoa Cardich, uno de los magistrados, cuestionó la falta de comunicación interna en un caso de tal relevancia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas han reaccionado con urgencia.
La Cidh ha instado al gobierno peruano a abstenerse de ejecutar la orden del TC; mientras que la oficina de la ONU ha señalado la liberación como un «revés preocupante para la rendición de cuentas»; enfatizando que cualquier liberación debe ajustarse al derecho internacional.
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