Los puteros se arriesgan a penas severas y condenas penales, pero la prostitución sigue siendo legal. ¿Por qué?
Si te encuentras con una escort en España, te multan. La cantidad que te arriesgas a pagar si eres los clientes de las escort es de 3.000 euros. Si eres valenciano, la multa puede llegar a los 30.000 euros. ¿Entonces la prostitución está prohibida? No exactamente. A través de estas ordenanzas, sin embargo, se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación, directa o indirectamente, de servicios sexuales retribuidos en la vía pública, cuando tales prácticas afecten a la convivencia de los ciudadanos.
¿Qué está entonces ocurriendo? Desde hace tiempo, el Parlamento Europeo quiere emular el modelo nórdico de lucha contra la prostitución. Se trata de criminalizar a los clientes y castigarlos económica y penalmente y despenalizar a quienes se prostituyen, porque en la mayoría de los casos no lo hacen libremente.
En algunos territorios de España ya se ha puesto en marcha esta solución. En León, Bellreguard, Montilla, Sevilla y Calp, la ordenanza antiprostitución prevé sanciones de 100 a 3.000 euros para los clientes de las escorts. También está en vigor en Valencia, pero PP y PSOE quieren elevar las multas a 30.000 euros para los clientes de prostíbulos y hasta 15.000 euros para quienes paguen por mantener relaciones sexuales con prostitutas callejeras.
El objetivo sería desincentivar el turismo sexual. Pero ¿está funcionando? Los datos de Escort Advisor, primer buscador de escorts con opiniones reales de Europa, muestran que no, que no está funcionando. Estas ordenanzas no harán nada para frenar el fenómeno de la prostitución: la demanda y la oferta siguen aumentando considerablemente y España sigue siendo el primer país de consumo de sexo de pago en Europa.
Un análisis en profundidad realizado por Escort Advisor revela que en un año han aumentado las opiniones de clientes sobre escorts. La web cuenta ya con más de 2 millones de usuarios únicos al mes sólo en España. Las reseñas funcionan porque son el único medio para verificar la información que se encuentra online desde que entró en vigor la Ley del solo sì es sì. Y es que, como en cualquier otra profesión, leer las opiniones de otros que ya han tenido esa experiencia nos tranquiliza o nos advierte de posibles peligros.
Los datos del portal también esbozan el perfil principal del consumidor de sexo de pago. En España, se trata de hombres de entre 45 y 54 años. Entre las preferencias de los consumidores se encuentran los servicios de escorts femeninas (49,14%), seguidos de cerca por los servicios de escorts trans (30,16%). En cuanto a la preferencia por la nacionalidad, el 99% de los usuarios mensuales no utiliza este filtro en la web, lo que indica que el origen de las escorts no es un factor decisivo en las búsquedas.
El porcentaje de usuarios respecto al total de la población masculina (entre 18 y 75 años) varía significativamente de unas provincias a otras. Madrid tiene el porcentaje más alto, con un 27,01% sobre 648.152 habitantes, seguida de Valladolid (17,01%) sobre 32.134, Barcelona (15,92%) sobre 330.454, y Zaragoza (15,59%) sobre 55.210.
A pesar de la mayor presencia de consumidores de sexo de pago en algunas provincias, como las citadas Madrid, Valladolid o Barcelona, sorprende el número de escorts por cada 1.000 habitantes en provincias como Lugo (4,83), Baleares (4,16) o Almería (4,06), frente al 2,11 de Barcelona y el 2,05 de Madrid.
Tomando como referencia septiembre de 2023, los 6 términos más buscados en Google en relación al sexo de pago son: Putas Madrid: 93.530 búsquedas, Putas Valencia: 70.313 búsquedas, Escort Madrid: 65.262 búsquedas, Putas Barcelona: 61.078 búsquedas, Putas Zaragoza: 51.535 búsquedas, Putas Valladolid: 40.054 búsquedas.
Algunas localidades, como «putas Valladolid» y «putas Lugo», por cada 1.000 habitantes tienen tasas de búsqueda extremadamente altas, lo que sugiere un gran interés por el sexo de pago en esas zonas concretas.
Regular la prostitución es cada vez más improbable, pero a la vista de los datos, se puede concluir que el modelo abolicionista no es el adecuado para España.
