Tras la polémica generada por Vox en Castilla y León por las medidas 'antiaborto' ahora el Gobierno manda este requerimiento de incompetencia.
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El Gobierno manda un requerimiento a Castilla y León por las medidas antiaborto de Vox. Con este requerimiento de incompetencia abarcarán cualquier actuación. Están incluidas las constitutivas de vía de hecho que vulneren los derechos regulados en la ley del aborto.
El Gobierno manda un requerimiento a Castilla y León por las medidas antiaborto
Tras la polémica generada por Vox en Castilla y León por las medidas ‘antiaborto’ que quiere llevar a cabo en la comunidad autónoma, el Gobierno aprobará lo siguiente en el Consejo de Ministros.
Es un requerimiento de incompetencia dirigido al Consejo de Gobierno de la Junta.
Este requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco influirá en cualquier actuación. Por ello han incluido las constitutivas de vía de hecho que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
El paso previo a «acciones judiciales»
Este requerimiento aparece después del enviado por el Ejecutivo el domingo 15 de enero a la Consejería de sanidad sobre su protocolo de aborto. La portavoz Isabel Rodríguez consideraba este paso como el previo a «acciones judiciales». Está dirigido a reducir las interrupciones voluntarias en la comunidad. La polémica que ofrecerá el sistema sanitario de la comunidad es por tres. Derivación a salud mental de las mujeres «que lo requieran», una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo.
«No se obligará a los médicos nada»
Al primer requerimiento del equipo de Sánchez la Junta explicó en un comunicado que tiene «plena autonomía» para implementarlo. Por ello instó al Gobierno a abstenerse de dirigir requerimientos «vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía». La gran incógnita era si sería «obligatorio e imperativo» ofrecer estas prestaciones a las mujeres que expresen su voluntad de abortar, para los profesionales sanitarios como aseguró el vicepresidente de la Junta, de Vox, o como posteriormente rectificó y corrigió Mañueco. «No se obligará a los médicos nada» y que «no se obligará a las embarazadas nada». «Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición».
