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Darias afirma que impedirá el protocolo antiaborto y asegura que el Gobierno hará todas las acciones «necesarias» para frenarlo porque «vulnera la ley”.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho de que la Junta de Castilla y León “no tiene competencia” para el nuevo protocolo antiaborto.
Además, ha asegurado que el Gobierno llevará a cabo todas las acciones que sean “necesarias” contra el mismo. Explica que “está al margen de la ley” y “atenta contra los derechos de las mujeres”. El sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) estrena este lunes 16 de enero su nuevo protocolo.
Este contempla la derivación a salud mental de las mujeres «que lo requieran», una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal. También una ecografía en 4D antes de interrumpirlo. Por su parte, el vicepresidente autonómico, Juan García Gallardo, ha asegurado que el protocolo tiene «obligado cumplimiento». Esto implica que para los sanitarios es obligatorio «ofrecer a las mujeres la posibilidad de tener la información».
Por otro lado, Darias ha asegurado que la Junta no ha remitido al Gobierno dicho protocolo. Afirma que desconocen su contenido exacto. La ministra considera que “lo grave” es que puedan haber trasladado directrices a los sanitarios de forma verbal, «actuando por la vía de hecho». Además, dice que el Gobierno remitió el domingo 15 de enero por la noche un requerimiento a la Consejería de Sanidad de la región. Lo hicieron para que no pusieran en marcha el protocolo si ya existe o que no lo aprobaran. Sin embargo, la Junta asegura que las medidas no limitan los derechos de las mujeres y tiene “plena autonomía” para llevarlo a cabo.
El Ejecutivo exige a la Junta que le «remita con carácter de urgencia» los protocolos «para conocer el alcance» de los mismos. También para «seguir en la defensa de lo que es incuestionable e imprescindible». Es «el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad» y para que sigan las guías clínicas comunes aprobadas por el Consejo Nacional de Salud respecto a las pruebas que realizan.
“Lo que tenemos claro es que estas medidas suponen una vulneración de la ley” del aborto vigente. Estas “atentan contra los derechos de las mujeres a decidir libremente”. Van “en contra de las guías clínicas adoptadas por las sociedades científicas”.
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