"Pensamos que hay un problema en la aplicación de la ley y hay una interpretación errónea de la ley por parte del CGPJ" según Montero.
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Irene Montero se enfrenta al CGPJ. La ministra cree que las rebajas de las penas tienen lugar por una «interpretación errónea de la ley». Irene Montero ha ofrecido estas palabras en una entrevista en Cadena SER.
Irene Montero se enfrenta al CGPJ
Este jueves 16 de noviembre la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha querido insistir en que la norma está «bien redactada». Según la titular de Igualdad, en los dos años de tramitación de la ley, no hubo nadie que advirtiera de las posibles revisiones de las penas.
«Pensamos que hay un problema en la aplicación de la ley, hay una interpretación errónea de la ley, todos los jueces tienen margen de interpretación. Si hubiese un error o si hubiese una posibilidad de mejora, es decir, si yo creyese que modificando la ley podemos garantizar mejor los derechos de las víctimas sería la primera en plantearlo». Literalmente ha dicho eso. La polémica está en su postura ante todo lo que está provocando la aplicación de la norma.
Tacha de «bulo» la advertencia sobre las rebajas de condena
Por otro lado, Irene Montero desafía al PSOE e insiste en que en todo el proceso de discusión previo a la aprobación de la ley, no hubo ningún organismo que advirtiera lo que está ocurriendo. Explica que la rebaja de las penas mínimas tipificadas tuviera una revisión a la baja de las condenas ya dictadas, era falso. Entre tanto, la ministra tacha de «bulo» y de «mentira» que el CGPJ advirtiera de la situación que se está produciendo. Montero insiste en que, en los casos que han analizado se detecta una incorrecta aplicación de la ley y reitera sus críticas a una justicia «patriarcal». «Para el juez que vio jolgorio en la violación grupal de ‘La Manada’ da igual el Código Penal que tenga entre manos».
Límites máximos de las penas
«La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente», añade el CGPJ. Y termina así. «Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección».
