El Gobierno aprueba su decreto"nueva normalidad"
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El PSOE quiere que un juez decida el cambio de sexo en los menores de 16 años. La ley trans vuelve a dividir al PSOE y Podemos. Montero aboga porque los mayores de 14 años solo necesiten permiso paterno.
Este viernes 28 de octubre ha habido un nuevo rifirafe entre el PSOE y sus socios de gobierno de Podemos. Ahora es sobre la Ley Trans. El Gobierno aporta un cambio importante en la norma para que los menores que quieran cambiar de sexo en el registro, necesiten autorización judicial.
El PSOE explica que es para reforzar la «seguridad jurídica» de esta ley. Sin embargo, la idea choca con la propuesta de Podemos sobre «autodeterminación de género». El ministerio de Igualdad plantea que los mayores de 14 años sólo necesiten permiso paterno para hacer ese cambio. Y lo considera una línea roja. El PSOE quiere elevar esa edad a los 16 años.
«Las personas menores de dieciséis años y mayores de doce podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria». Así es la enmienda que propone el grupo socialista. El PSOE explica que así cumple con los cambios que le pedía el CGPJ porque los jueces consideraban que los menores de los que hablaba el texto de igualdad «carezcan del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada». A partir de los 1 sí mantendrían esa libre elección para la autodeterminación de género.
En el texto expuesto por Igualdad concretaban que los mayores de 14 pudiesen cambiar de sexo «asistidos en el procedimiento por sus representantes legales». El lunes 31 de octubre los socialistas presentarán las enmiendas definitivas al texto, en un proceso que ha generado división dentro del propio partido y que ha provocado la dimisión de una histórica socialista como Carla Antonelli. A pesar de esta objeción, el PSOE sí mantiene que se pueda dar marcha atrás a los 6 meses del cambio registral. Del mismo modo, se pretende reforzar la protección del colectivo LGTBI en el ámbito rural e incluye el estudio del «sexilio» ante el abandono de personas del colectivo de sus pueblos por la discriminación que sufren.
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