La futura ley sobre lootboxes o cajas botín que se activan en algunos videojuegos y permiten superar retos será inaccesible a los menores.
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El Gobierno quiere con esta ley prohibir el acceso a recompensas de pago en videojuegos a los menores. Así es el anteproyecto de la futura ley sobre ‘lootboxes’ o cajas botín del Ministerio de Consumo, que propone limitar la publicidad y pone un cerco una problemática que genera ludopatías.
La ley prohibirá el acceso a recompensas de pago en videojuegos a los menores
La futura ley sobre lootboxes o cajas botín que pueden activar algunos videojuegos permiten superar retos a cambio de pagar con moneda virtual o real.
Todos ellos estarán prohibidos para los menores y, para ello, el acceso al juego requerirá el DNI o biomarcadores. Estos deberán verificar la edad del jugador. Así consta en el anteproyecto de ley que este viernes 1 de junio inicia el proceso de audiencia pública. Estará abierto hasta el 23 de julio. Una vez que valoren las aportaciones a la norma, el texto pasará a Consejo de Ministros y, tras su aprobación, comenzará la tramitación parlamentaria como proyecto de ley.
La ley sobre videojuegos y menores
El texto del anteproyecto explica que afectará “solo y exclusivamente” a los denominados mecanismos aleatorios de recompensa. Solo cuando los premios cuesten dinero u otros objetos virtuales adquiridos con dinero, directa o indirectamente, y aquí entran, por ejemplo, las criptomonedas. La norma afectará a las cajas botín que estén dentro de los videojuegos y a las plataformas de intercambio que tienen estos mecanismos de recompensa aunque sean ajenas a las de videojuegos. Además de la prohibición de acceso a los menores, para los mayores de 18 años existirán posibilidades para limitar los gastos.
Problemas de adicción
Dicho cerco será parcial en el tiempo de juego y en el importe máximo de gasto. Lo hará con un sistema de autoexclusión para aquellas personas con problemas de adicción que voluntariamente se autoprohíben el acceso. La norma también establece que los operadores estarán obligados a dar información veraz sobre las probabilidades reales de obtener un premio.
