Nuevo encontronazo entre el Ministerio de Igualdad y el PSOE debido a las diferencias de criterio sobre la ley 'solo sí es sí'.
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Igualdad y PSOE muestran sus diferencias con la ley del ‘solo sí es sí’ por su discrepancia de criterios sobre la prostitución. El departamento que dirige Irene Montero presiona al PSOE para aplazar ese debate y abordarlo en otro proyecto legal.
Igualdad y PSOE muestran sus diferencias con la ley del ‘solo sí es sí’
La Comisión de Igualdad del Congreso debate este miércoles 18 de mayo el dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del ‘solo sí es sí’.
Lo hace sin que el PSOE y los grupos aliados del Gobierno hayan acercado posturas ante la prostitución. Esto hace temer al Ministerio de Igualdad que la norma esté en riesgo. El PSOE necesita caminar hacia la abolición de la prostitución, mientras que varios de sus socios rechazan ponerle límites. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, mostró este martes 17 de mayo su temor a que haya un pacto entre socialistas y populares sobre este asunto que pueda poner en peligro la ley del ‘solo sí es sí’.
Las diferencias entre el PSOE e Igualdad
Igualdad ha pedido a los grupos políticos que piensen detenidamente sobre este asunto para llegar a un acuerdo. «La mejor manera de trabajar es haciendo propuestas que nos permitan consensuar un mayor número», ha asegurado. Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad presiona al PSOE para aplazar ese debate y abordarlo en otro proyecto legal. Piden incluirlo en una futura ley contra la trata u otra ley específica sobre el proxenetismo que se incluyeron en el proyecto, para lograr un «acuerdo amplio».
El proyecto que diseñó Igualdad quiere penalizar el proxenetismo no coactivo y también a quien gane dinero con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución.
Fuerzas en contra
El PSOE considera que la prostitución es una forma de violencia sobre las mujeres. Por eso quiere ir más allá y en sus enmiendas pide que se castigue a todo aquel que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin necesidad de que haya una relación de explotación. Sin embargo, fuerzas como ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP apuestan por suprimir los artículos controvertidos.
