Vox se querelló contra el Gobierno por los contratos en respiradores y material sanitario de protección durante la pandemia del covid.
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Un juzgado investiga a tres altos cargos del Gobierno por contratos durante la pandemia del covid. La titular del Juzgado 26 de Madrid ha interrogado como imputados a dos responsables de Sanidad y uno de Hacienda tras una querella presentada por Vox.
Investigan a tres altos cargos del Gobierno por contratos durante la pandemia
La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, tomó este jueves 7 de abril declaración como investigados a tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los tres están señalados en la querella que en mayo de 2020 interpuso Vox por 56 contratos adjudicados para compra de material sanitario e importe de 310 millones de euros. Todo ello en plena primera ola de la pandemia. Todos los contratos mostrados presentan a su juicio severas irregularidades.
Los contratos del Gobierno de Sánchez durante la pandemia del covid
Por su parte, pasaron ante el juzgado el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Alfonso María Jiménez. La directora de Racionalización y Centralización de la Contratación Paloma Rosado y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. La querella es por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude.
El partido político Vox es quien ejerce la acusación en el procedimiento. Mantienen que debido a la situación de emergencia por la pandemia adjudicaron millones de euros en compras de material sanitario sin ningún control. Lo hicieron a empresas que no eran «idóneas» para ello. Destaca irregularidades como mercantiles chinas de las que no constaba «ni el domicilio fiscal» ni la titularidad de sus administradores. Además, señalan alguna española cuya especialidad era de áreas alejadas de la gestión sanitaria, como la importación de productos alimenticios.
La Fiscalía
Por su parte, durante su declaración, a la que no asistió la Fiscalía, el director del Ingesa defendió la legalidad de los contratos. Explicó que había seguido escrupulosamente la normativa y explicó además que mantenía contacto con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, «dos veces al día y le mantenía puntualmente informado de la contratación».
