El Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero ha hecho pública la nueva ley del aborto. Estas son las novedades.
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El Ministerio de Igualdad publica las novedades de la nueva ley del aborto. Podrán interrumpir el embarazo a partir de los 16 sin autorización paterna y con un registro de objetores. Estas son las novedades que incluye la reforma de la Ley del aborto que propone Irene Montero, ministra de Igualdad.
Novedades de la nueva ley del aborto
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho pública la que será la nueva Ley del aborto. El objetivo de esta nueva reforma de la ley es el de acabar con los «obstáculos», eliminar el «estigma» social y «blindar» este derecho «en la sanidad pública».
De esta forma, la reforma de la norma permitirá el derecho al aborto a partir de los 16 años de forma «autónoma». Además, la reforma también propone la supresión de los tres días de reflexión. Sin embargo, estas no son las únicas novedades que propone el ministerio de Igualdad. La Ley del aborto también dispondrá de un registro de objetores de conciencia. Este ya está incluido en la Ley de Eutanasia. El objetivo es garantizar el acceso al aborto en todos los supuestos posibles.
El Ministerio de Igualdad y la nueva ley del aborto
Para ello, Montero ha explicado que respetará «escrupulosamente el derecho constitucional a la objeción de conciencia, escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos«. Para ello, el Ministerio de Igualdad establecerá una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos. Mediante esta línea ofrecerán información sobre los procedimientos que deben seguirse para asegurar la interrupción voluntaria del embarazo «de forma autónoma». Por otro lado, la mujer será quien decidirá el método de interrupción. «Toda mujer que decida abortar deberá poder hacerlo sin ningún tipo de obstáculo ni perjuicio», ha subrayado la titular de Igualdad.
La salud menstrual
Dentro de las novedades clave del proyecto es «la salud menstrual» que «pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos».
