El Poder Judicial ha emitido un informe en el que comunican al Gobierno que la ley de vivienda invade competencias de las Comunidades Autónomas.
Temas cubiertos
El CGPJ advierte al Gobierno de que la ley de vivienda limita las competencias de las Comunidades Autónomas. Lo advierten en un informe que analizarán el próximo 27 de enero.
El Poder Judicial advierte al Gobierno de las limitaciones de la ley de vivienda
El Gobierno ha recibido un nuevo informe del Consejo General del Poder Judicial. Este versa sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que analizarán el próximo 27 de enero. En el informe advierten al Gobierno de que están limitando competencias a las comunidades autónomas con la nueva ley de vivienda.
Además, ponen en duda la efectividad de medidas como la regulación del mercado del alquiler. El pleno del CGPJ ya rechazó la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
La nueva ley de vivienda del Gobierno
Esta vez el CGPJ advierte al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica». Es por ello, explican, que «corresponde a cada una de las Comunidades Autónomas que ejercen sus competencias«. Han redactado el informe los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero. Explican en él lo siguiente. “La actuación estatal se ha articulado a través de los Planes Nacionales o de la intervención en este sector de la economía en momentos de grave crisis económica. Con medidas de carácter fiscal o con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal, o a la eficiencia energética».
La propuesta del anteproyecto y la crítica de Unidas Podemos
Explican, también que «el anteproyecto ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias citadas. Puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, «la ley de vivienda» o «del derecho a la vivienda». Explican de esta forma que el derecho a la vivienda no es exigible ante los tribunales. Por su parte, varios dirigentes de Unidas Podemos han criticado el documento que ha elaborado el órgano de gobierno de los jueces.