Ada Colau no va a dimitir de su cargo a pesar de haber sido citada por un juez en la investigación de irregularidades en la concesión de subvenciones.
Ada Colau no va a dimitir de su cargo a pesar de haber sido citada por un juez en la investigación de irregularidades en la concesión de subvenciones.
Ada colau no va a dimitir
Según el código ético de Barcelona en Comú, Ada Colau debería dimitir de su cargo por haber sido citada por un juez, pero la alcaldesa ha afirmado que le «parece fuera de lugar».
La alcaldesa está imputada por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones y por la que debe declarar ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona el próximo 4 de marzo.
El código ético del partido
El código ético del partido de Barcelona en Comú fija que los políticos del partido deben «renunciar o ser cesados de forma inmediata en todos los cargos» si se llega a una «imputación judicial de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas».
Según el artículo 3.6 del código ético de Barcelona en Comú, la primera edil, se vería forzada a la renuncia a sus responsabilidades públicas.
La investigación por corrupción
La jefa de corporación de Barcelona ha sido denunciada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Se trata de una querella antigua, tal y como explican fuentes conocedoras de la misma, pero que ha seguido su curso en los tribunales.
La citación busca esclarecer si hay mimbres para un posible caso judicial por las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a Observatori DESC, donde había trabajado la propia alcaldesa antes de dar el salto a la política, Enginyeria sense Fronteres (ESF) y Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).
El próximo 4 de marzo a las 10.30 horas de la mañana deberá declarar en calidad de «investigada» ante el juzgado de instrucción 21 de la capital catalana al estar acusada de cometer los «delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público», tal y como han confirmado los portavoces judiciales.
