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El CGPJ rechaza el borrador de informe que aprobaba la ley de vivienda y obliga al Gobierno a retrasarla de nuevo.
Duro golpe al Gobierno. Vuelve a tener muy dificil el inicio de la tramitación de la ley de vivienda.
Este viernes, 14 de enero, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por una amplia mayoría de 15 votos a 6 la ley de vivienda del Gobierno. Han decidido tumbar una propuesta de informe que, en líneas generales, avalaba la norma y planteaba que el mecanismo de regulación del precio del alquiler.
Este, según los socios de la coalición, respetaba «el derecho a la propiedad privada». Este viernes 14 de enero el CGPJ ha decidido que otros dos vocales elaboren un nuevo informe. Este nuevo borrador no se votará hasta el próximo día 27 de enero. Debido a esta nueva redacción se impedirá que el Gobierno dé por fin luz verde al inicio de la tramitación de la ley el próximo martes 18, como tenía previsto.
Han sido los vocales elegidos para elaborar un nuevo borrador de informe sobre la ley de vivienda. Estos serán José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. Además, han declarado que ambos sustituirán en esa tarea al también vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE. Por su parte, el informe rechazado este viernes 14 de enero indicaba que el mecanismo de regulación de precios del alquiler es semejante a otros «utilizados en países de nuestro entorno». Por otro lado, planteaba que «no desnuda al contenido esencial del derecho de propiedad sobre los inmuebles residenciales de sus rasgos definitorios». Además, el borrador rechazado indicaba que la regulación de los alquileres «se mueve dentro de los cánones que contempla la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El hecho de tumbar el borrador supone un nuevo golpe al Gobierno. Este tenía una composición que sigue en funciones a causa de la negativa del PP a negociar su renovación. El rechazo supone un nuevo revés para el Gobierno en relación a la ley de vivienda, a la que tenía intención de dar luz verde antes de fin de año. Lo habían previsto así para que comenzara a tramitarse en el Congreso. Si no lo hizo entonces fue porque al Ejecutivo le faltaba el informe del órgano de gobierno de los jueces.
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