Temas cubiertos
La comisión parlamentaria de investigación sobre la operación Kitchen ha concluido que la cúpula del PP ordenó esta presunta trama parapolicial de espionaje a su extesorero Luis Bárcenas, con el conocimiento de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, «que informaba» al expresidente Mariano Rajoy.
«La cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular».
Así, la comisión sobre la investigación Kitchen aprueba que la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, «informaba» al expresidente Mariano Rajoy.
En el texto se recalca que la llamada operación ‘Kitchen’ se dirigía desde tres sedes: la del PP, donde la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, tenía «conocimiento» e «informaba» al entonces presidente del Gobierno; la del Ministerio del Interior, con el ministro Jorge Fernández Díaz que «encargó la puesta en marcha de todo el operativo delictivo»; y, por último, la de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, bajo el mando de Eugenio Pino, por orden del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
El documento señala que la operación buscaba la «obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha» contra el PP por financiación irregular y destruir las pruebas que pudieran estar en posesión de Bárcenas. «Para esta finalidad de interés particular exclusivo del PP se utilizaron ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales«, se recalca. De la investigación de estos hechos, incide el documento, se desprende «la implicación en los mismos de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, así como de la secretaría general del PP y de forma indiciaria del mismo presidente del Gobierno».
La propuesta de conclusiones avalada ha sido la del PSOE ha aceptado incorporar algunos cambios en la redacción y dos cuestiones del documento de Podemos, ERC, Junts, EH Bildu y CUP que reclamaba una revisión en la concesión de medallas policiales y en el control de los fondos reservados. Tras el aval de la comisión, el dictamen será llevado al pleno del Congreso, ya en 2022.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país