El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, pide al Tribunal Constitucional anular su condena por la que se le retiró el acta de diputado. El político alega que dicha condena vulnera siete de sus derechos.
Fue el Tribunal Constitucional quien dictó sentencia sobre el caso de la manifestación y la agresión a un policía por parte del exdiputado de Unidas Podemos. Ahora ante el organismo vuelve Alberto Rodríguez para presentar, ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia alegando que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.
El incidente de nulidad es un movimiento pensado para aquellas ocasiones en las que el condenado considera que una sentencia ha vulnerado sus derechos fundamentales en algún aspecto que no ha podido ser denunciado antes de recaer sentencia firme sobre el caso.
La sentencia contra la que se interpone, como en este caso, no debe ser recurrible por la vía ordinaria. El incidente de nulidad es considerado, además, como un requisito previo para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez a la pena de prisión de un mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
La condena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En la sentencia, el Alto Tribunal resolvió sustituir la pena de prisión por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).
Alberto Rodríguez ya solicitó la suspensión de la condena, pero la Fiscalía se manifestó en contra de esa petición.
Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Rodríguez expone en 54 páginas que se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y al principio de proporcionalidad como principio rector que debe informar el derecho penal.
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