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Alberto Rodríguez tiene derecho a una indemnización de más de 18.000 euros. Esto es un mes de sueldo por cada año parlamentario o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 24 mensualidades a cobrar.
El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez sufrió la retirada de su escaño en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Supremo. Sin embargo, Rodríguez tiene derecho a cobrar del Congreso una indemnización por cese. Esta tendría un importe superior a los 18.000 euros.
El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas de las Cortes Generales es claro. Establece que los diputados que han estado un mínimo de dos años en el Congreso tienen derecho a recibir un mes de sueldo por cada año parlamentario o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 24 mensualidades.
Esta es una suerte de “paro” para los ex diputados. Primero han de solicitar y acreditar que no tienen ningún otro ingreso. Esto es porque dicha cifra no es compatible con otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado. En concreto, Alberto, al que el Congreso retiró su escaño el pasado 22 de octubre, ha sido diputado durante las legislaturas XI, XII, XIII y XIV, iniciada en diciembre de 2019.
Llama la atención que pese al tajante discurso contra los privilegios de la ‘casta’, los exdiputados de Unidas Podemos no rechazan pedir las indemnizaciones que corresponden del alto cargo. El caso más llamativo fue el de su anterior líder, Pablo Iglesias. Su actuación fue la siguiente: tras salir del Gobierno solicitó la compensación de 5.300 euros prevista para los ex vicepresidentes. Dejó de cobrarla el pasado mes de septiembre, cuando comenzó a tener otros ingresos. Por el momento, los partidos del Gobierno desconocen lo que hará Alberto Rodríguez, pero todo hace indicar que solicitará la indemnización superior a los 18.000 euros. Este es un derecho que tiene tras el cese y está recogido en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas de las Cortes Generales.
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