El Gobierno arranca este martes 26 de octubre la tramitación de la ley de vivienda entre las críticas de los movimientos sociales.
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El Gobierno aprobará el inicio de la tramitación este martes 26 de octubre de la Ley de Vivienda. Es una norma que ambos partidos han tardado mucho en negociar.
El Gobierno aprueba este martes el inicio de la Ley de Vivienda
Esta nueva norma incluirá un mecanismo de regulación de los alquileres cuya aplicación dependerá de las comunidades. El proyecto tendrá que espera ahora un largo periodo de tramitación parlamentaria, pero los movimientos de vivienda ya han criticado la ley.
Según denunciaron este lunes 25 de octubre, es una «nueva decepción».
El anteproyecto de ley de vivienda será aprobado por el Consejo de Ministros tras el acuerdo al que llegaron hace tres semanas PSOE y Unidas Podemos.
La Ley de Vivienda y la intervención del alquiler del Gobierno
La medida más novedosa de esta amplia ley de vivienda es el mecanismo de regulación de los alquileres. Es la primera vez que está en marcha en España una medida de intervención del mercado de alquileres a escala nacional, aunque eso no significa que vayan a regular los alquileres en todo el país cuando aprueben la ley. Su intervención dependerá de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, siendo esta una de las grandes críticas que ha recibido la norma. El Gobierno alega que la vivienda es una competencia autonómica que no puede tutelar.
La Ley de Vivienda y las críticas al Gobierno
En la plataforma Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda participan la PAH, el Sindicato de Inquilinos, CCOO, la UGT, y otras asociaciones. Este lunes 25 de octubre denunciaron que las medidas «quedan mayoritariamente en manos de la voluntad política de las comunidades». Avisan que el Estado renuncia a «establecer ninguna garantía frente a la insumisión ya anunciada por algunas de ellas». La regulación de los alquileres está basado en el establecimiento por parte de las comunidades autónomas de zonas de mercado tensionado por un periodo de tres años, prorrogable anualmente. Esta declaración no será discrecional por parte de las administraciones, sino que estará sujeta a datos objetivos como el precio del alquiler en el IPC y la renta de las familias destinadas a costearlo.
