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El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo sobre la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional. También han pactado el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas. Por otro lado, han puesto a Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo.
El acuerdo entre el PP y el Gobierno ha llegado tras años sin ningún tipo de entendimiento. Este gran primer gran pacto afecta a la renovación de los órganos institucionales que estaban en funciones.
Estos son el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos. Todos excepto el Consejo General del Poder Judicial han sido renovados, pues quedó al margen por indicación de Pablo Casado, antes incluso de la presentación de los Presupuestos.
Ni las críticas del PP ni la polémica por el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, vinculando la aprobación de los presupuestos a la excarcelación de los presos de ETA, han destruido el pacto.
Fuentes del PSOE y del PP han emitido un comunicado anunciando los nombres que renovarán estas tres instituciones y la Agencia de Protección de Datos. No obstante, estamos ante un acuerdo que no alcanza el Consejo General del Poder Judicial. Sobre este último, ambos partidos mantienen posturas alejadas. Mientras que los populares piden un cambio en el método de elección, los socialistas desean mantener el sistema vigente. Está previsto que voten estos nombramientos en el pleno del Congreso. Será el próximo 10 de noviembre
Estos son los nombres que renovarán el Tribunal Constitucional. Por un lado, Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales. Por otro, Concha Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así mismo, Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP permite desbloquear la renovación del TC. El puesto de tres de sus magistrados caducaron en noviembre de 2019. El cuarto, Fernando Valdés, tuvo que dimitir en 2021 al procesarle por un caso de malos tratos.
La renovación no cambiará sustancialmente el reparto de mayorías en el tribunal de garantías. Tendrá un sector conservador predominante, pero corregirá la anomalía de tener un magistrado menos y dará libertad al órgano. En el texto compartido por el PP y el PSOE han explicado que todos los nombres propuestos son «de consenso» y «profesionales de prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional».
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