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La reciente libertad de Puigdemont genera peligro en el plan acordado por ERC y Sánchez sobre el futuro de Cataluña.
La detención del expresident Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) ha sacudido el tablero político y ha abierto un nuevo escenario de incertidumbre.
Esto puede afectar al guion que el Gobierno había preparado para este curso político. Puigdemont, cuya situación es la última gran consecuencia pendiente del año más duro del procés, 2017, quedo este viernes 24 de septiembre en libertad provisional. Su declaración tendrá lugar el próximo 4 de octubre, lo que garantiza al menos diez días de dudas y alto voltaje.
Su arresto fue en el aeropuerto, nada más bajar del avión procedente de Bruselas. Fue en virtud de la orden de busca y captura emitida en su contra por el Tribunal Supremo. Las autoridades judiciales italianas serán ahora quienes decidirán sobre su posible extradición a España. Sánchez insiste en que tiene que comparecer ante la Justicia, la oposición aprieta al presidente para que no lo indulte y los independentistas exigen la amnistía.
La gran incógnita ahora es cómo resolverán la situación del expresident en los tribunales. Lo que es seguro es que el procés regresará por unos días al centro del debate público y mediático. Es justo lo que el Gobierno central quería evitar una vez pagado el coste político de conceder los indultos a los líderes independentistas condenados, especialmente ahora que parecía iniciar una remontada en las encuestas a lomos de anuncios sociales.
La hoja de ruta sanchista para recobrar el liderazgo era justo opuesta a la que ha impuesto Puigdemont con su arresto. Tras el descalabro en las elecciones autonómicas de Madrid y la polémica sobre los indultos, Sánchez decidió acometer una amplísima renovación de su equipo y cambiar el paso multiplicando sus apariciones en la calle. Incidió en las medidas para una «recuperación justa» y encapsulando la cuestión catalana en la mesa de diálogo.
El presidente decidió arrancar el curso con el anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional, y en su guion hasta el parón navideño figuraban medidas como la aprobación de unos presupuestos con un alto volumen de inversión pública, la aprobación de la ley de vivienda –aunque el acuerdo con Unidas Podemos aún está lejos– y la derogación parcial de la reforma laboral del PP, una medida pactada con Bruselas para el último trimestre de este año.
El PSOE se enfrenta a un congreso crucial con plazos ajustados y tensiones internas.