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La Justicia italiana ha decretado la libertad de Carles Puigdemont y estos han sido los argumentos esgrimidos en Cerdeña.
La Corte de Apelaciones de Sassari ha emitido una providencia con fecha de 24 de septiembre por la que ordena la «liberación inmediata» del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont. Le cita para una vista el 4 de octubre a las 11:30 horas para decidir sobre su extradición a España.
Mantiene la presidenta de la Corte, Plinia Azzena, que Puigdemont sigue gozando de la inmunidad propia de un europarlamentario. Por ello debe prevalecer su derecho a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, «garantizadas por la inmunidad, aún intacta».
En el escrito de tres páginas destaca la decisión impuesta de que no puede tomar medidas cautelares en su contra ni a su condición de prófugo. Alude al auto del Tribunal General de la Unión Europea del 20 de julio de 2021. Recuerda que éste establece que puede viajar con libertad. Asimismo, vuelve a esgrimir el argumento de que en enero de 2021 las autoridades judiciales belgas rechazaron la orden europea de detención y entrega contra el conseller Lluis Puig. Alegaron que podría socavar sus derechos fundamentales. Sin embargo, él ni si siquiera disfrutaba de inmunidad parlamentaria.
El juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, elevó en marzo de este año al tribunal europeo una cuestión prejudicial. Quería conocer si podían denegar la entrega de una persona sobre la que pesara una OEDE, «se desprende que el procedimiento penal de quo ha sido suspendido«.
La decisión prejudicial implica la suspensión del procedimiento nacional hasta que se dé un pronunciamiento sobre la cuestión prejudicial. Y apunta que puesto que la solicitud de una decisión prejudicial se refiere a la ejecución de órdenes de detención europeas dictadas en el marco del proceso penal mencionado, «los usuarios pueden creer que la suspensión de este procedimiento conlleva la suspensión de la ejecución de dichos mandatos» de detención.
Tras esto, especifica que toma nota de que el detenido «no consiente la entrega a España». Resuelve que no adopta medidas cautelares contra Puigdemont y advierte de que no han sido solicitadas por la fiscalía porque comprometería de forma «grave» su derecho «a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento Europeo, garantizadas por la inmunidad, aún intacta, siempre desde el artículo 9 segundo párrafo del protocolo número 7».
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