El Gobierno afirma que Puigdemont, ante su detención, debe someterse al procedimiento judicial y quiere justicia como se haría con cualquier ciudadano.
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El Gobierno ha manifestado que, Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat «debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano». Del mismo modo, se ha señalado que la actual detención en cerdeña obedece a «un procedimiento judicial» que se encuentra ya en curso.
El Gobierno respeta la detención de Puigdemont
A pesar de que en el pasado Sánchez se había comprometido a traer de vuelta a España al expresidente, provocando una situación de cierto malestar en sus actuales aliados. Por ello, en estos momentos, el Gobierno no tiene ningún interés en meterse en ningún lío más
Así, el Ejecutivo ha manifestado un considerable respeto por «las decisiones de las autoridades italianas», al igual que ya se desarrolló esta misma situación cuando «los tribunales españoles y europeos» decidieron dictar «resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan» a Puigdemont.
El Gobierno asegura que «la detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial»
También, la Moncloa ha garantizado que «la detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial», cuya tramitación ya está en marcha y al igual que «cualquier ciudadado en la Unión Europea, debe responder de sus actos ante los tribunales».
Más información sobre la detención de Puigdemont y el Gobierno
Carles Puigdemont ha sido detenido este jueves en la isla de Cerdeña por las autoridades italianas debido a la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS). Según fuentes jurídicas de EL MUNDO, la detención se ha producido cuando el expresidente se dirigía a participar a un acto institucional junto a la consellera de Exteriores, Victòria Alsina, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que había sido organizado por el síndico de Alghero.
Gonzalo Boye, abogado del expresidente, ha explicado en las redes sociales que Puigdemont «ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado» por una orden de busca y captura cursada por el instructor del procés, el juez Pablo Llarena.
Este caso llega después de que el Gobierno haya concedido ya los indultos a los presos condenados, y que supuestamente no estaba retirada la orden de busca y captura. Esto generaría bastante incertidumbre en el horizonte del expresidente, ya que va a resultar difícil explicar el indulto para una persona que ha estado fugado durante un período de casi cuatro años.
