El Gobierno restringe el teletrabajo para los funcionarios a un día a la semana. La medida entrará en vigor el 1 de octubre y afecta a los 229.348 empleados públicos.
El Ministerio de Función Pública restringe el teletrabajo para los funcionarios a un máximo de un día a la semana. Según ha confirmado el departamento que dirige Isabel Rodríguez, esto supone la vuelta a la normalidad a partir de el 1 de octubre.
Aprobará una resolución que restringirá el teletrabajo para los empleados públicos de la Administración General del Estado a un máximo de un día a la semana (20% de la jornada).
A esta medida afecta a 229.348 empleados públicos.
Esta norma supone una merma con respecto a la situación actual, en la que estaba permitido hasta cuatro días de teletrabajo. Además, contrasta con los tres días de teletrabajo que marca el acuerdo alcanzado en abril entre el Gobierno y los sindicatos, que regulaba el trabajo no presencial y que aun no ha sido desarrollado.
La resolución también establece que las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; levanta la prohibición a los viajes, aunque dando prioridad a las videoconferencias; prioriza que los cursos sean online; e incentiva también los medios telemáticos para las pruebas selectivas.
Desde el sindicato CSIF denuncian que esta vuelta a la presencialidad se va a realizar con unas plantillas «bajo mínimos». «El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por ejemplo, rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de este mes y a finales de año habrán salido las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo por el Covid», advierte el CSIF.
CSIF, UGT (Unión General de Trabajadores) y CC.OO. (Comisiones Obreras). critican que «solo se contempla como excepción al trabajo presencial a las personas con cáncer, inmunodeprimidas o por motivos de cuarentena, en casos de repunte o para el personal que presta servicios en el exterior» por lo que no han suscrito la resolución.
CSIF, UGT y CC.OO. reclaman un Decreto que recoja el acuerdo sobre teletrabajo en la Administración General del Estado, que incluía 40 % en presencia física y 60 % en trabajo telemático (3 días a la semana) y denuncian el retraso en su aprobación.
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