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El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón ha procesado a los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) como pertenecientes a una organización terrorista. El magistrado procesa a nueve también por un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.
El grupo, detenido durante la Operación Judas de septiembre de 2019, es considerado por García Castillón como integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que considera una célula integrada por individuos de diferentes CDR, que “evidencian una gran radicalidad” y a la que se les habían encargado acciones más sensibles, por su mayor predisposición y entrega «a la causa».
Según el juez, su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Catalunya, empleando para ello la violencia, para forzar, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Catalunya del resto de España.
Los procesados únicamente por pertenencia a organización terrorista son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, mientras que suman a ese delito también el de tenencia, depósito así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista, Eduardo Garzón, Esther Garcia Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros sola, Guillem Xavier Duch Palau y Rafael Joaquín Delgado López.
Según el auto de procesamiento, los miembros del ERT tuvieron una participación activa en la materialización de algunas de las acciones más sonadas de los CDR, como cortes de carretera, vertido de aceite la calzada de la C-55, en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners o el levantamiento de las barreras de los peajes.
También establece que estuvieron relacionados con la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado «CNI catalán” para que aportasen infraestructura logística para ocupar el Parlament, cuando se dictase la sentencia del ‘procés’, y defenderlo posteriormente.
El fallo cita a los lugares proclives a recibir atentados como la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, así como la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil, así como miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes y el propio Parlament.
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