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El Ministerio del Interior creará grupos de delitos de odio en la Policía Nacional y Guardia Civil dentro de sus unidades de información.
La Policía Nacional y la Guardia Civil establecerán equipos especiales para combatir los delitos de odio dentro de sus departamentos de información.
Este es uno de los principales acuerdos alcanzados tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción para Combatir los Delitos de Odio, presidida por Pedro Sánchez.
Desarrollarán herramientas para evaluar los riesgos de estas víctimas, como se ha hecho en los casos de violencia de género.
A principios de esta semana, tras escuchar denuncias sobre atentados homofóbos en Madrid, se convocó con urgencia la reunión. Si bien esta historia es ficticia, Sánchez decidió mantener la asamblea porque, según declaró, «los reportes falsos no pueden impedir la descripción de la realidad que han sufrido muchas personas LGTBI».
Las principales conclusiones de la reunión es que se establecerán equipos específicos en el Comité de Información General, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, y la Jefatura de Información de la Guardia Nacional y unidades periféricas. También se fortalecerá el mecanismo de coordinación entre fuerzas y agencias de seguridad nacional y policías regionales y locales. La prevención del delito se enfocará en herramientas de evaluación de riesgos.
Aumentarán los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018 y se mantendrán iniciativas ya incluidas en el primer plan, como la formación y sensibilización de los miembros de las fuerzas y cuerpo de seguridad.
Según informó el viernes en un comunicado el Ministerio del Interior, durante el encuentro se analizó el eje del segundo plan de acción. Funcionará entre 2022 y 2024 y se centrará en ayudar y apoyar a las víctimas de incidentes y delitos de odio.
Fernando Grande-Marlaska ha incidido en la importancia de la colaboración con organizaciones e instituciones y ha apuntado la necesidad de trabajar “específicamente” para atajar los delitos de odio motivados por antigitanismo, que sufrieron un incremento superior al 57% en 2020. Desde 2014, los incidentes y delitos de odio han aumentado constantemente en aproximadamente un 9% por año.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.