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El juez al frente de la operación Kitchen, propone juzgar al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, mientras deja fuera a la ex secretaria general de partido, María Dolores de Cospedal.
El juez García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, ha emitido este jueves 29 de julio un auto en el que comunica su decisión de llevar a juicio a Jorge Fernández Díaz.
El magistrado está al frente de la operación sobre el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El auto de pase a procedimiento abreviado deja a las puertas de juicio a Fernández Díaz y a su ex número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, a responsables policiales como José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, o Andrés Gómez Gordo, que fue exasesor de Cospedal; al excomisario José Manuel Villarejo, y a Sergio Ríos Esgueva.
El magistrado descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior y cree que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación.
Tras conocerse el auto, el Partido Popular ha comunicado al exministro de Interior Jorge Fernández su suspensión provisional de militancia del partido.
El Juez que ha implicado al exministro de Interior, ha dejado fuera del caso a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.
También se archiva el caso por falta de indicios para su marido, Ignacio López del Hierro, después de que hace unos meses se les imputara al considerar que pudieron tener un papel clave en la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente policial para la operación, que perseguía conseguir material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
La Operación Kitchen es una investigación sobre el presunto espionaje que se llevó a cabo entre julio de 2013 y el mismo mes de 2015 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Presuntamente, se montó y desarrolló en esos años desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, un dispositivo para espiar a Bárcenas y su entorno con el propósito de robarles la documentación comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes y evitar de esta forma que llegara a la Justicia.
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