El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Memoria Democrática. Fue promovida por la ex vicepresidenta Carmen Calvo.
«Las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y
fanática» explica el documento del anteproyecto en la exposición de motivos.
La nueva ley tiene dos objetivos principales: «fomentar el conocimiento de las etapas democráticas» de la historia de España así como de «todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos» que construyeron el camino hasta los acuerdos de la Constitución de 1978, y «al actual Estado Social y Democrático de Derecho para defender los derechos de los españoles, su nacionalidades y regiones».
El segundo objetivo es el de «preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista. Todo ello, «para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo«.
«Esta Ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia» se lee en el anteproyecto hecho público por el Gobierno.
Naciendo a partir de la ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, la nueva norma declara nulas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y dictadura por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.
Los dos objetivos principales de la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.
Además, con esta ley se llevará a cabo la disolución de entidades que ensalcen a dirigentes del franquismo, lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.
En el anteproyecto se especifica que se considerará apología del franquismo «que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo».
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