El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Memoria Democrática. Fue promovida por la exvicepresidenta Carmen Calvo.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Memoria Democrática. Fue promovida por la ex vicepresidenta Carmen Calvo.
El gobierno aprueba el anteproyecto de la ley de Memoria Democrática
«Las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y
fanática» explica el documento del anteproyecto en la exposición de motivos.
La nueva ley tiene dos objetivos principales: «fomentar el conocimiento de las etapas democráticas» de la historia de España así como de «todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos» que construyeron el camino hasta los acuerdos de la Constitución de 1978, y «al actual Estado Social y Democrático de Derecho para defender los derechos de los españoles, su nacionalidades y regiones».
El segundo objetivo es el de «preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista. Todo ello, «para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo«.
«Esta Ley de Memoria Democrática toma como referencia las luchas individuales y colectivas de los hombres y las mujeres de España por la conquista de los derechos, las libertades y la democracia» se lee en el anteproyecto hecho público por el Gobierno.
Claves de la ley de Memoria Democrática
Naciendo a partir de la ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, la nueva norma declara nulas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y dictadura por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.
Los dos objetivos principales de la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978.
Además, con esta ley se llevará a cabo la disolución de entidades que ensalcen a dirigentes del franquismo, lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.
En el anteproyecto se especifica que se considerará apología del franquismo «que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo».
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