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El Tribunal de Cuentas fijó una cifra estimada de fianza en 5.4 millones de euros a los líderes del procés, con el cargo de promover internacionalmente el independentismo de Cataluña. Dentro de la millonaria se contemplan 2,8 millones a Artur Mas y Andreu Mas Colell, ex-presidente y ex-secretario del Govern catalán respectivamente y otros 1,9 millones a Carles Puigdemont, quien desde su exilio en Bélgica, calificó el informe como «franquismo de fondo y forma» y al órgano fiscalizador como la «inquisición española».
El equipo de abogados defensores de los líderes catalanes se han quejado por las escasas tres horas para leer un expediente que tiene 504 páginas y otros 10 minutos para presentar alegaciones.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, manifestó que el procedimiento es «una tomadura de pelo» porque, a su juicio, el Tribunal de Cuentas está sobrepasando sus consecuencias al ejecutar «la derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior.»
Si bien la cantidad se ha asignado en forma individual, el pago se deberá hacer bajo responsabilidad colectiva entre ellos, Junqueras y otra treintena de ex altos cargos de la Generalitat. En caso de que alguno no puede hacer frente a la deuda de forma unipersonal, otros implicados deberán hacerse cargo del faltante.
Jordi Sànchez, uno de los presos indultados, exigió al Govern actual, presidido por Pere Aragonés, una respuesta «coherente y urgente» a las cauciones impuestas. El secretario de Junts pidió «coherencia» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No se puede llevar a más de 40 personas, con la Abogacía del Estado apoyando unas demandas absolutamente surrealistas, y creo que malintencionadas y prevaricadoras, y decir que es el momento de la concordia», exclamó.
Ferran Bel, diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, manifestó que el Gobierno «sabe lo que tiene que hacer», haciendo referencia a las declaraciones de los ministros de Transportes e Igualdad, José Luis Ábalos e Irene Montero, quienes señalaron que la cuenta pendiente del Tribunal de Cuentas era «una piedra en el camino» del diálogo entre el Gobierno y el Govern.
La cifra de 5.4 millones de euros podría ser menor si se aceptan las alegaciones de indefensión por parte de las defensas debido al gran volumen de los expedientes que se les trasladarán a los implicados. Esta suma se agrega a los otros 4,1 millones que ya fueron consignados a los acusados por la celebración y la ejecución de la consulta que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017 y que fue precedida por las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, por las que fueron juzgados y condenados Junqueras y otros ocho miembros del Govern por el Tribunal Supremo.
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