El Tribunal Supremo ha emitido un informe en el que se posiciona en contra de indultar a los doce presos condenados por el procés independentista catalán.
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El Tribunal Supremo ha emitido un informe en el que se posiciona en contra de indultar a los doce presos condenados por el procés independentista catalán. Los doce están acusados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia.
El Supremo se opone a indultar a los presos del procés
Los jueces del Tribunal Supremo se oponen a indultar a los presos del procés y explican que no hay motivos de justicia, equidad o utilidad pública para conceder un indulto total o parcial a alguno de los condenados por el procés independentista catalán.
Las 21 páginas del fallo completo del Acto Tribunal recogen que las condenas de hasta trece años a los acusados, no son desproporcionadas. En el documento, además, indican que el hecho de que las peticiones de indulto sean de terceras personas «desenfoca» el sentido de la medida de gracia.
Petición al Supremo para indultar a los presos del procés
El Supremo se opone a indultar a los presos del procés. En el informe, del que es ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se rechaza conceder la medida de gracia a los doce acusados de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia.
El documento explica que la sedición no es sin más un delito de orden público, que las condenas que les fueron impuestas no son desproporcionadas teniendo en cuenta que en algunos casos la sedición iba de la mano de la malversación de dinero público.
El Supremo no va a indultar a los 12 presos del procés
El tribunal destaca que los condenados no han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimarían el ejercicio del derecho de gracia y que no puede hacer constar en su informe «la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento«.
El informe del Tribunal Supremo era preceptivo aunque no es vinculante de cara a la decisión final. El expediente completo del caso será enviado al Ministerio de Justicia y será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra.
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