Este jueves, 15 de abril, fue aprobada la ley de protección a la infancia en el Pleno del Congreso. La nueva norma amplía el plazo para iniciar la prescipción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años, de esta manera se busca evitar que los casos queden impunes, ya que la mayoría de denuncias aparecen muchos años después.
En las última horas PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano pactaron una enmienda para sacar adelante la ley que eleva cinco años más la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los abusos sexuales, ahora fijada en los 18 años.
El informe que se somete a votación en el pleno recibió el voto en contra de VOX y PNV y la abstención del Grupo Republicano y EH Bildu. Por otra parte, diferentes organizaciones de defensa de la infancia, representantes de víctimas y algunos partidos han pedido que también se cambie el el reconocimiento que da la ley como «agentes de la autoridad» a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración en los casos de retirada de tutela de los menores por desamparo.
La ley refuerza el derecho del niño a ser informado, además de ser escuchado, en los procesos administrativos y judiciales. También fortalece la figura jurídica del menor para formular denuncias de manera personal y directa.
Luego del débate y sin encontrar la mayoría de aliados, en especial por la falta de apoyo del grupo socialista, quedaron por fuera las propuestas de Unidas Podemos que buscaban no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial.
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