Tras su cargo como político, Iglesias reclama su porcentaje en correspondencia con la cuota asignada por la Administración General.
Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos, solicita a la Administración General el derecho a la indemnización que, según la Ley 35/2015 publicada en el BOE, tendría derecho por haber ejercido el cargo de vicepresidente durante el gobierno de Pedro Sanchez.
Reclamación de la indemnización de Iglesias
El estudio del caso llevado a cabo por la administración, determina favorable la demanda en un periodo de un mes, dado que Iglesias se presentará este 4 de Mayo a las elecciones autonómicas de Madrid, pudiendo llegar a ejercer de nuevo un cargo público por el que no tendría derecho a más indemnización.
En su caso, el pago correspondería al 80% de su sueldo bruto atribuído durante su cargo (que asciende a los 79.746,24 euros anuales durante 14 meses), por lo que le correspondería una cifra de 5.300 euros mensuales durante el periodo establecido.
Así mismo, este mismo derecho quedaría anulado en caso de ejercer otros cargos tanto en instituciones públicas como privadas, un echo que tiene altas posibilidades tras su puesta en marcha de un proyecto político en Madrid, unas elecciones a las que se enfrentará con la presidenta Ayuso. Esta información ha sido suministrada esta misma mañana, 9 de abril, por el portal Maldita.es, tras la decisión de renuncia por parte de Iglesias de su cargo como vicepresidente en el Gobierno.
En este caso particular, el exvicepresindete no correrá con un sueldo vitalicio, sino que se acoge a la parte correspondiente de su cargo en el Gobierno durante su periodo, es decir, su cargo público desde el 13 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Así mismo, Iglesias, tras esta decisión, podrá renunciar a ella de manera voluntaria si finalmente ejerce como cargo político de forma autonómica en Madrid, desligándose del Gobierno que formó con Pedro Sánchez en las pasadas elecciones, una decisión que se hará de forma voluntaria aunque, según lo establecido en la ley, no podrá bajo ningún concepto, cobrarla en caso de volver a ejercer como cargo político.
