Rodrigo Rato: Fiscalía solicita más de 60 años de cárcel
La Fiscalía Especial Anticorrupción y de Criminalidad Organizada ha solicitado una pena de cárcel de entre 61 y 83 años para Rodrigo Rato. Por haber cometido hasta once delitos contra la Hacienda pública entre los que se encuentra: delito de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documenta oficial y mercantil.
La Fiscalía indica que el ex vicepresidente del Gobierno ocultó su patrimonio a Hacienda desde el año 1999, mediante varias sociedades, entre las que se encuentran las panameñas: Red Rose Finantial y Westcastle Corporation , la bitánica: Vivaway Limited y la irlandesa: Red Rose Investment.
A través de ellas, Rato habría realizado actividades de inversión financiera mediante múltiples cuentas bancarias que abrió en Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza, Bahamas y Mónaco. Constituyendo así hechos imponibles desde el 2005 hasta el 2015, siendo el valor de las cuotas defraudadas de 8.586.121,67 euros.
Tras un análisis de la documentación intervenida, se identificaron incrementos de su patrimonio que no estaban justificados entre los mismos años anteriormente mencionados, por un valor total de 15.633.056,87. Además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior, que tampoco declaró al fisco.
En dichos documentos y en los registros realizados el 16 de abril del 2015, tanto en el domicilio de Rodrigo Rato, en la sede de diversas empresas en Madrid, como en las sedes de Plaza Abogados en Madrid y Sotogrande. Se descubrió que el ex presidente de Bankia había titulado cuentas en EEUU y Suiza siendo estas desconocidas para Hacienda.
Habiendo operado mediante cuentas en territorios como Isla de Man, Kuwait y Curaçao. Utilizando estructuras financieras para llevar a cabo movimientos transfronterizos de capital, que fueron encubiertos mediante trust y sociedades opacas. Además de utilizar mecánicas de blanqueo como el «crédito lombardo», el cual le permitió obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores. Todas ellas usadas por el acusado para limpiar el origen ilícito de los bienes.
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