La exconsellera, Serret, huida se ha personado este jueves 11 de marzo ante el Tribunal Supremo, en Madrid.
Meritxell Serret se entrega en el Supremo .La exconsellera huida se ha personado este jueves 11 de marzo ante el Tribunal Supremo, en Madrid. Al parecer, no prestará declaración, y se prevé que en las próximas horas pueda estar en Cataluña.
Así lo ha anunciado ERC en un comunicado.
Serret se entrega al Supremo
La decisión de Serret, que llevaba «exiliada» en Bruselas desde 2017, responde, según Esquerra, a la voluntad de «mantener la lucha contra la represión contra el independentismo y a favor de la autodeterminación, haciendo política desde Cataluña y tratando de abrir camino al resto de exiliados políticos».
La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña huida tras el «procés» ha comparecido voluntariamente, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín Sanz.
Nuestra protagonista, procesada en el procedimiento penal, sigue ante el Tribunal Supremo por su posible implicación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña se investiga. Tras 4 años de fugitiva en Bélgica, concretamente, desde octubre de 2017, vuelve para asumir responsabilidades.
La procesada ha comparecido con la finalidad de ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
Por último, tras su entrega, la decisión del Magistrado Instructor es citarla para interrogarla. Esto con la participación del resto de las partes involucradas. Hecha la citación, quedará en libertad.
Malversación y desobediencia
Meritxell Serret es procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, no obstante, dado que hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O, y puesto que los procesados fueron juzgados en esa misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra ella ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019.
Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para recibírsele declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
