El tercer grado concedido a los presos del «procés» hace poco más de un mes, ha sido suspendido por el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña. Ordenando su vuelta a la cárcel, siguiendo así el criterio de la Fiscalía.
Ha sido mediante un tuit como el expresidente de la ANC, y actual secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez. Ha dado a conocer la decisión del juez, asegurando que: “No nos harán callar ni renunciar a seguir trabajando para construir un país independiente”.
La decisión se ha anunciado coincidiendo con el día en el que el Parlamento Europeo ha confirmado que levanta la inmunidad a: Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Raül Romeva, exconsejero, ha tenido que abandonar un acto al que había acudido hoy martes, 9 de marzo, tras ser informado de la decisión. También ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su sentir al respecto: “Nos vuelven a cerrar completamente, el cuerpo los pedía ser coherentes en su línea represiva. El agujero que el Estado cava en la democracia es cada día más profundo e irreparable”.
La decisión afecta al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, a los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y a Joaquim Form. Además de Junqueras, Sànchez y Romeva. Queda por ver si el juzgado que está estudiando los casos de la exconsejera exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, se pronuncia.
Fue días antes de la celebración de las elecciones del 14F, cuando Sànchez y Romeva, así como Oriol Junqueras y los otros presos condenados por sedición, salieron de la cárcel. Para poder llevar a cabo las campañas electorales. Casi todos los presos asistieron a diversos mítines durante finales de mes, donde reclamaron la amnistía en un acto conjunto.
Fue el 24 de febrero, cuando el juzgado de vigilancia penitenciaria decidió sostener el tercer grado a todos los presos, mientras paralelamente, resolvía el fondo de los recursos presentados por la Fiscalía, que recurrió la decisión ante el Tribunal Supremo. Pues entendía que no suspender la semilibertad podría llevar a un “riesgo de fuga” y de “no acatamiento” de la sentencia.
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