Manuel Castells, ministro de Universidades ha anunciado que eliminará los Grados universitarios de tres años, que estaban vinculados hasta hoy a dos años de máster. Conocidos como modelo «3+2» implantado por el exministro del PP: José Ignacio Wert.
Según el borrador presentado, se hará mediante Real Decreto, y ya se está ultimando por parte del ministerio. Ahora todos los grados con excepción de aquellos que son técnicos o sanitarios, pasarán a durar cuatro años.
Con este cambio se pretende: «Mejorar la calidad y agilización de los trámites de evaluación de los títulos, así como la modernización e innovación de las enseñanzas universitarias».
Por otro lado, se mantiene la estructura básica de tres etapas: Grado, Máster y Doctorado. Oferta académica en la que los grados tendrán 240 créditos, con la única excepción de aquellos que por reglas europeas deben ser de 300 o 360 créditos. Es decir, las carreras sanitarias y técnicas como Medicina o Farmacia, incluyendo ciertas ingenierías.
El ministerio señala que el modelo español consiste en 240 créditos de los Grados, 60, 90 y 120 créditos de los Másteres y el Doctorado, al cual se puede acceder siempre y cuando se haya superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.
A partir de su aprobación, las universidades podrán ofrecer dentro de sus programas, Grados con itinerario académico abierto, permitiendo al alumnado cursar asignaturas de diferentes carreras siempre que estas sean del mismo ámbito de conocimiento.
Manuel Castells quiere además que vuelvan los títulos de ingeniería «largos». El borrador del real decreto recoge que se permiten dar créditos por participación universitaria.
Con esta decisión, el ministro da la espalda a Europa donde la mayoría de las carreras universitarias son de tres años. Modelo que quiso introducir Wert para facilitar la integración de España en Europa.
Los rectores aplauden la medida pero mantienen ciertas reservas, el presidente de CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, ha declarado que:
«La situación actual, del ‘3+2’, está complicando y a veces judicializando la aprobación de Grados, por lo que es necesario un marco normativo que evite estas situaciones, que perjudican a las universidades. Y debe hacerse desde el diálogo y consenso».
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