La nueva ley educativa, llamada formalmente Ley Celaá, fue aprobada el 23 de diciembre, y entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.
La nueva ley educativa, LOMLOE pero llamada formalmente Ley Celaá, fue aprobada el pasado 23 de diciembre, y entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, es decir, este martes 19 de enero.
A los 20 días de la publicación en el BOE, se aplicarán las modificaciones relativas a la participación y competencias del Consejo Escolar, el Claustro y de los directores de centro; la autonomía de los centros docentes; la selección del director en los centros públicos; y la admisión de alumnos.
Los procesos relativos a la selección del director en los centros públicos y la admisión de alumnos que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse, es decir, por la LOMCE o ‘Ley Wert’.
Esta norma se va a convertir en la octava ley educativa de la democracia, tumbando la LOMCE, vigente en España desde el año 2013.
Damos la bienvenida a la #LOMLOE, una ley cargada de futuro, que apuesta por el desarrollo del talento y que afirma el derecho a la educación de todos y la libertad de enseñanza. Gracias a las fuerzas políticas que la han apoyado y a la comunidad educativa por su participación. pic.twitter.com/ihISkiauDv
— Isabel Celaá (@CelaaIsabel) December 23, 2020
Recorrido para la aprobación definitiva
El anteproyecto de esta Ley Celaá se propuso en noviembre de 2018. En septiembre de 2020 se produjo el debate y las enmiendas en el Congreso, y poco después, en noviembre de 2020, se aprobó en el Congreso. Los últimos pasos para su aprobación fueron las enmiendas del Senado y próximamente, en febrero de 2021, la ratificación en el Congreso de los diputados.
¿Qué supone la Ley Celaá?
Según recoge Save The Children en su web, la Ley Celaá que entra en vigor tendrá varios cambios con respecto a la anterior ley de educación:
Con respecto a la admisión en los colegios, la nueva ley de educación propone medidas para evitar la segregación socioeconómica en normas de admisión. Los centros tendrán una presencia equilibrada del alumnado socialmente desfavorecido, y priorizará la cercanía en puntuación.
En los conciertos educativos y su oferta, habrá una planificación teniendo en cuenta heterogeneidad social y cohesión, eliminando la cesión de suelo público para nuevos centros concertados prohibiendo a su vez el concierto con centros que separan por sexo.
El castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza. Las comunidades autónomas son las encargadas de garantizar el derecho de los estudiantes a obtener enseñanza en castellano y en las respectivas lenguas cooficiales.
