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La tregua que parecía haber entre el Gobierno regional, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, se ha desdibujado con la reforma educativa conocida como Ley Celaá. El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha manifestado que el gobierno regional puede optar por tres vías, entre las que incluye “recurrir a los tribunales”, tanto al Constitucional como al Contencioso Administrativo.
En una entrevista que se le ha realizado al consejero en Telemadrid este ha recordado que el Gobierno regional tiene “amplias competencias de gestión” en materia de educación. Asimismo ha afirmado que “ nosotros aplicaremos la ley, por supuesto, con respeto a la misma, pero somos nosotros los que la vamos a aplicar en Madrid, afortunadamente para los madrileños”.
Ossorio ha señalado, además, que el Ejecutivo autonómico “puede legislar sobre ello”, y ha recordado la intención de la Comunidad de Madrid, “de hacer una ley que garantice la libertad de elección y también la educación especial en la Comunidad de Madrid”, como ya ha anunciado Isabel Díaz Ayuso.
A juicio del consejero, “si los padres tienen la obligación de educar a sus hijos, también tienen el derecho de elegir el tipo de educación y el centro donde van los hijos, así que no hay que poner trabas”, agregando que “No sé por qué hay que decir que seamos nosotros, las administraciones, los que digamos donde tienen que ir los hijos, es algo que va contra la Constitución, el derecho internacional, es uno de los sinsentidos de esta ley”.
En esta misma línea se ha expresado Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, quien ha lamentado la aprobación de la Lomloe, afirmando que se trata de la “octava ley educativa de la democracia”.
Aguado ha señalado en su cuenta personal de Twitter que es un nuevo despropósito “que nace con el rechazo de la mitad del Congreso, que cercena la libertad de las familias, regala los aprobados a nuestros hijos y ahonda en nuestro desmembramiento como nación. Pobre España”.
El ejecutivo regional de Ayuso ha manifestado en su defensa que si “en Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos incluso hay colegios públicos que diferencian en las aulas por sexos y hay familias en España que quieren ese modelo, no sabe por qué hay que prohibirlo”.
“Si la Comunidad de Madrid considera que es bueno construir un centro concertado porque se lo demandan las familias, y un ayuntamiento considera que es bueno ceder ese terreno porque sus habitantes de ese municipio quieren ese centro, por qué hay que prohibirlo”, se ha preguntado Ossorio, quien ha aseverado que “es un sectarismo realmente alucinante”.
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