En la Comisión de Educación del Congreso, este jueves 5 de noviembre se aprobó que el Castellano deja de ser única lengua vehicular en la enseñanza para incluir a las lenguas cooficiales. Los partidos que introdujeron la enmienda a la reforma conocida como Ley Celaá fueron: PSOE, Unidas Podemos y ERC.
El Castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable. Por ello la lengua vehicular es aquella que se usa en ámbito educativo cuando hay varias lenguas maternas como opciones.
La iniciativa legal por parte de Educación, apuesta por equiparar el papel de las lenguas cooficiales, en la enseñanza. Parece haber dado otro paso definitivo a su aprobación dentro de la Ley Orgánica.
En tiempos de votaciones y de democracias. Este episodio de la enmienda ve con otra cara al Castellano. Se le coloca justo donde debe estar en una sociedad tan pluralizada como la española. Al nivel de todos los demás lenguajes cooficiales y para su aprobación definitiva. Este recurso, todavía tiene que pasar por el Congreso y el Senado.
La enmienda en la Comisión de Educación del Congreso fue aprobada con 20 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. La medida generó una contundente y polémica oposición, por parte de las demás organizaciones parlamentarias.
También, se dejó claro por el Gobierno Central que mediante la puesta en marcha de este nuevo criterio no se va a «desalojar» al castellano en las aulas como se dice ante los medios por parte de distintos representantes políticos.
Conocida como ley Celaá, La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), actual establece que: «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».
Es por esta razón que en el texto, ahora modifican, en referencia al Castellano, solamente, las atribuciones de «lengua oficial del Estado» y la de lenguas vehiculares».
Pablo Casado, líder y dirigente del Partido Popular, en Twitter, expresó que: «recurriremos al Tribunal Constitucional la Ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada. Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos».
El partido de Inés Arrimadas, Ciudadanos, señaló que también acudirá al Tribunal si el Castellano deja de ser vehicular en la enseñanza.
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