Puigdemont abandona PDECat.
La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a tres personas relacionadas una operación contra el entramado empresarial que presuntamente financia de manera ilegal la estancia del president Carles Puigdemont en Bélgica. La investigación llevada a cabo se centra en la financiación del procés y de la organización independentista Tsunami Democràtic.
El dispositivo en el que participan centenares de agentes tiene un listado que alcanza a una treintena de empresarios y políticos vinculados con el independentismo a los que se les acusa de los delitos de malversación, blanqueo de capitales y prevaricación
Concretamente los agentes han detenido al exconsejero, Xavier Vendrell, al empresario, Oriol Soler y al exalto cargo de CDC, David Madi.
La investigación llevada a cabo se centra en la financiación del Procés y de la organización independentista Tsunami Democràtic.
Fuentes de la Guardia Civil cuentan que el operativo a comenzado a primera hora de la mañana de este miércoles, día 28, con registro en varios inmuebles. El dispositivo está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el cual investiga los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
El operativo va contra el entramado que montó Tsunami Democràtic desde donde se coordinaron las protestas por la sentencia que condenó a los líderes del Procés. En octubre del pasado año 2019, esta red hizo uso de las redes sociales y aplicaciones móviles para desencadenar manifestaciones masivas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del 1-0.
Según han informado, las detenciones son por el desvío de fondos al procés en conspiración con dirigentes del Gobierno catalán liderado por el expresidente Quim Torra.
Quim Torra ha criticado la actuación de este miércoles por parte de la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, “Basta de presión! Basta!”, exclamaba el expresidente catalán en su mensaje. Su exjefe de gabinete, Joan Ramon Casals, ahora director de general de Coordinación Interdepartamental de la Presidencia, ha denunciado que el Estado “quiere imponer el régimen del miedo”.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país