Casado no apoya estado de alarma
Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha anunciado que no apoyará el Estado de Alarma de seis meses propuesto por el presidente Pedro Sánchez a no ser que lo rebaje a dos meses: ocho semanas de restricciones con el objetivo de salvar las Navidades.
El portavoz del PP no considera adecuado que todas las competencias queden en manos de las autonomías: «Eso no es gobernanza», ha declarado. Además insiste en reformar la ley sanitaria de 1986.
El líder del PP solo apoyará el Estado de Alarma en el Congreso si dura 8 semanas, para que así las limitaciones cubran los puentes del 1 de noviembre, el de la Constitución y el puente de la Almudena en Madrid. A su juicio, este estado de dos meses permitiría «salvar la campaña de Navidad» tanto en el sector económico como para la tranquilidad de los ciudadanos, que temen no poder pasar en familia las fiestas navideñas si se prohíbe el movimiento entre comunidades.
Casado considera que el máximo aplicable en un Estado de alarma es de 1 mes, pero se compromete a apoyarlo durante dos si Sánchez realiza la reforma de la Ley orgánica de materia de salud de 1986, que permitiría reducir la incidencia del virus con medidas de reducción de la movilidad sin tener que recurrir al Estado de alarma. La negociación de la prórroga ha comenzado el mismo día de la declaración del nuevo Estado de alarma: ayer Casado y Sánchez hablaron de las condiciones y los apoyos que cada partido considera y ahora sus equipos están analizando las peticiones.
«En cuestiones fundamentales- subrayó el presidente del PP- El PP ha tendido la mano al Gobierno y la va a seguir tendiendo«. Aún así, se muestra muy crítico hacia las medidas de la coalición PSOE-Podemos, pues esta nueva aplicación, según Casado, es la constatación del fracaso. El hecho de que el Estado de alarma no sea revisado por los Tribunales y solo por el ministro de Sanidad es uno de los puntos disidentes entre PSOE y PP, por eso será una de las condiciones claves a la hora de llegar a un acuerdo.
Para Casado, la excepcionalidad se debe mantener lo mínimo posible, y que el Estado de alarma no sea controlado judicialmente está en contra de los valores y normas de la Constitución y la Unión Europea.
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