Multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación laboral para cuatro miembros de la mesa del Parlament catalán que dieron una base legal falsa para la celebración del Referéndum por la Independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017.
Los procesados son Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.
Los políticos Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó han sido sentenciados a pagar 30.000 euros y estar inhabilitados durante más de un año y medio: 20 meses.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les impone esta condena por desobediencia al cargo público, ya que en 2017 dieron con sus decretos falsa legalidad para el Referéndum que se celebró el 1-O. El referéndum desembocó en el Procés, el caso judicial por el que desde hace más de un año están encarcelados nueve dirigentes catalanes.
Además de fallar en contra de estos cuatro dirigentes, el TSJC ha considerado inocente a Mireia Boya, exdiputada de la CUP, ya que se considera que no desobedeció al tribunal porque no fue advertida. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han coincidido con el Tribunal, pues ambos pedían una pena de 20 meses de inhabilitación. Ahora, el TSJC considera que estos cuatro miembros del Parlament tramitaron leyes con las que pretendían crear un estado independiente, algo que es inconcebible en la Constitución y que queda reflejado como delito de desobediencia y rebelión en el Código Penal. Por ello, el Gobierno de Rajoy aplicó el 155 y hubo numerosas protestas.
La Comisión del Estudio del Proceso Constituyente concluyó lo que se discutiría entre los parlamentarios catalanes el 6 y 7 de septiembre de 2017, dando vía libre para la votación, la transitoriedad y el referéndum, y como consecuencia del resultado, la declaración de la independencia -que duró ocho segundos- y que deja ya dos fallos judiciales a la espera de un tercero esta semana, cuando la Audiencia Nacional dicte sentencia contra Josep Lluís Trapero, Mayor de los Mossos d´Esquadra, y la cúpula de Interior.
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