El Gobierno de Ayuso afronta sus últimas horas antes de presentar sus medidas al Gobierno regional con una gran división dentro de su formación, recelo al estado de alarma en la Comunidad e incertidumbre entre el caos jurídico y social provocado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ni si quiera el Gobierno regional de la capital está de acuerdo: su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), y su vicepresidente, Ignacio Aguado (Ciudadanos) optan por no establecer el estado de alarma en la Comunidad pero por distintas vías: Ayuso rechaza el cierre total y apuesta por el cierre perimetral de las zonas básicas de salud con más incidencia de contagios, y Aguado quiere rehacer en conjunto al Ministerio de Sanidad la orden de cierre por ciudades.
El Gobierno madrileño quiere evitar a toda costa el Estado de Alarma, pero el Gobierno Central no parece que vaya a dar otra alternativa.
A las 12 horas expira el últimatum de Sánchez: una decisión ha de estar tomada antes. Ahora mismo están reunidos en Sol Ayuso, Aguado, el alcalde Martínez Almedia (PP), la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs) y el consejero de Justicia, Enrique López, que ha declarado: «Después de esa cita el Ejecutivo regional dará a conocer cuál es su posición ante la presión del Gobierno central para blindar la capital».
Inés Arrimadas, la presidenta de Cs, suscribe la opinión del vicepresidente de la Comunidad, apostando por mantener las restricciones de movilidad de Sanidad sobre todo en este puente para que el nivel de contagios no se dispare también en otros territorios: «Proponemos que la Comunidad de Madrid rehaga el decreto, que se evite otro estado de alarma y que la gestión siga en manos de la Comunidad de Madrid y nos ahorremos este espectáculo bochornoso», ha afirmado Arrimadas.
A las 12 de hoy se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario, y el objetivo principal es declarar el Estado de Alarma en Madrid si Ayuso continúa proponiendo solo cierres perimetrales por barrios, sobre todo los del Sur. Las opciones que se barajan son 3: dictar una orden con las restricciones en virtud de la ley de Salud pública de 1986, que da potestad a Sanidad para legislar ante una emergencia sanitaria; solicitar y tramitar el Estado de Alarma o imponerlo a la Comunidad desde el Gobierno.