Muchos ocupados se acogerían a la nueva Ley de Teletrabajo
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Mientras en el pasado el trabajo a distancia representaba una opción poco respaldada, a partir de la difusión del Coronavirus parece ser la nueva modalidad de trabajo para los ocupados. Por eso los españoles tendrán muy en cuenta la nueva Ley del teletrabajo, anteproyecto fue presentado el pasado 26 de junio.
La Cámara de Comercio de España quiso realizar un informe para averiguar cuantos trabajadores se acogerían a la propuesta legislativa. Los resultados fueron presentados hoy, miércoles 16 de septiembre, y revelaron que el 62% de los ocupados recibirían con os brazos abiertos la nueva ley de teletrabajo.
El mundo de las empresas y algunos sindicatos parecen abogar por un regreso al trabajo de manera presencial tras el confinamiento en casa por el Covid, hasta el punto que la UGT afirmó hace unos días que es importante «mantener el teletrabajo siempre que sea posible«.
Mas de la mitad de los ocupados encuestados ve con buenos ojos teletrabajar desde casa. La mayoría sigue pero pensando que hay aspectos que hay que corregir mejor. Por ejemplo, la repartición de los costes en relación a las herramientas de trabajo: además, 4 de cada 10 encuestados ha valorado en el informe que es deber de la empresa mejorar los recursos a disposición del trabajador.
Hay pero ventajas del teletrabajo que los ocupados valoran de manera positiva, como el recorte de los gastos personales y el ahorro del tiempo necesario para desplazase de casa hacia el lugar de trabajo. Aquellos que aceptarían trabajar a distancia son los trabajadores mediamente jóvenes, mientras que los de mas de 55 años no se consideran muy entusiastas de incorporarse al trabajo de esta forma.
La nueva Ley del teletrabajo se pone la finalidad de regular las condiciones del trabajo a distancia equiparando las prestaciones y los derechos del teletrabajo en casa con respeto a aquellos del trabajo en oficina o cualquier otro lugar de trabajo. La Ley que el Ministerio de Trabajo y Economía Social está ultimando apunta a ajustar en un marco legislativo unico varios aspectos inciertos entre plantilla y dirección empresarial, como por ejemplo los derechos acerca a los horarios flexibles, a la desconexión digital, la conciliación familiar y los permisos de fuerza mayor familiar o empresarial.
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