Un juez ha citado a declarar a miembros de la cúpula de Podemos por presunta financiación irregular del partido. En este sentido, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, responsable de campañas de la organización política y estrecho colaborador del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Además de Del Olmo, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado como investigados al responsable de Finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Val, según avanzó Público.
Todo esto tras la denuncia presentada por José Manuel Calvente, antiguo abogado del partido y quien acusa a la formación de financiación irregular.
El magistrado a citado a los tres para el próximo 20 de noviembre. Calvente ratificó su denuncia y declaró el pasado 29 de julio.
El abogado y ex miembro del partido, ha acusado a Podemos además de blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos de la organización política.
Calvente fue despedido de Podemos en 2019 luego de que la también experta en leyes, Marta Flor, le acusara por presunto acoso sexual y laboral. La denuncia fue archivada por un juez en Madrid, tras no detectar indicios de acoso.
En este sentido, el juez habría solicitado a la tolda morada que haga llegar toda la documentación necesaria referente a su contabilidad. Deben incluir los salarios de cada uno de sus miembros.
Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (PP), ha exigido a Iglesias que aclare la situación e indique si conocía acerca de la llamada «caja B» del partido que dirige.
De igual forma ha aprovechado para enviarle un mensaje al presidente Pedro Sánchez, pues cree que con su silencio avala al vicepresidente segundo. Aseguró que los españoles merecen «un Gobierno que reaccione y nos saque de la crisis, que diga la verdad, no uno de que mire sistemáticamente para otro lado y mienta a los ciudadanos».
Por su parte, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha publicado a través de su cuenta en la red social Twitter que la acusación finalmente «quedará en nada». Considera que el objetivo de ella no es judicial sino la «difamación mediática».
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