Frenado el confinamiento en Lleida y el Segrià por la justicia debido a la desproporcionalidad de la medida.
La justicia catalana frena el confinamiento en Lleida y el Segrià. Las medidas, criticadas por su extremada dureza, “no solo no son proporcionales, sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan grave y restrictiva resulte indiscriminada al tiempo que desproporcionada”.
Se paraliza el confinamiento decretado por el Govern en Lleida y el Segrià. Después de que la fiscalía provincial de Lleida presentara un recurso oponiéndose al endurecimiento del confinamiento en la región, la jueza Elena García-Muñoz Alarcos – del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida – se negó a ratificar las medidas de confinamiento decretadas por la Generalitat.
La razón principal, según la jueza, es que estas medidas requerían la aprobación del estado de alarma, competencia del Gobierno central de España.
En el escrito de la fiscalía, el fiscal jefe, Juan F. Bone, explica que para tomar medidas “de tanta gravedad”, debe de solicitarse a Madrid que se declare el estado de alarma; “es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso”, explica el fiscal. Además, el escrito denuncia que la resolución presentada por el Govern “parece una copia del decreto de estado de alarma”. La nueva medida se diferencia enormemente de aquella por la que se aprobaba el confinamiento perimetral del Segrià o de la zona de Òdena, puesto que la “restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales, suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que lo que ahora se pretende”.
La juez García-Muñoz Alarcos añade que las medidas “no solo no son proporcionales, sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan grave y restrictiva resulte indiscriminada al tiempo que desproporcionada, no habiéndose identificado ni subjetivado ni limitado temporalmente la actuación administrativa pretendida”. Asegura que los brotes se presentan como “controlados”, once de ellos en empresas, y dos de estas están localizadas “en municipios diferentes a los que se pretende confinar”. El ejecutivo catalán no concreta donde se localizan el resto de los brotes, y hace una ligera referencia a la transmisión comunitaria en el informe epidemiológico, sin llegar a concretar si es “extrema y grave” como para concretar el endurecimiento.
“Entender que este precepto permita unas medidas de tanta gravedad y de tantas consecuencias de todo tipo, pero especialmente sociales y económicas, como las que se pide ratificar es inaceptable, especialmente porque precisamente el Estado tiene a sus manos mecanismos oportunos para paliar sus efectos en caso de adaptarse a estas medidas”, ha proseguido la juez.
La decisión, que puede ser recurrida, pausa provisionalmente el confinamiento en Lleida y el Segrià. La medida había levantado una enorme polémica por su extremada dureza. Ayer, domingo 12 de julio de 2020, se anunció a media tarde la prohibición de entrar y salir, con excepciones y salvo personal esencial, de Lleida capital y siete municipios de Baix Segre: Alcrràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre. Las administraciones locales se oponían la medida y pedían a la Generalitat que el confinamiento perimetral fuera gestionado con refuerzos en sanidad y atención primaria, y que se dejara espacio para mantener la actividad económica en la región. La consejera Alba Vergués justificó la decisión apelando a la gravedad de los datos epidemiológicos, y pidió a los ciudadanos “que se vuelvan a quedar en casa” y que “reduzcan a su circulo familiar los contactos con gente”.
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