El TSJ de Madrid ha desvelado que Manuela Carmena ocultó su patrimonio en una Sicav durante su alcaldía.
En plena vorágine de supuestos delitos fiscales , el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha destapado que Manuela Carmena escondió unas inversiones que poseía en una Sicav durante su mandato en 2015-2019. Esto se ha descubierto ahora, cuando la ex alcaldesa de Madrid lleva fuera del panorama político más de un año.
La Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de apelación que presentó el Ayuntamiento de Madrid, sancionándolo a abonar 2.000€ en costas. El recurso en cuestión iría en contra de una sentencia del Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid, apelando en favor de Guillermo Rocafort, experto jurista en Sicavs.
Este experto recurrió judicialmente ante la negativa del Consistorio de proporcionarle la información requerida sobre Manuela Carmena y sus inversiones por un valor de 430.000€ en una sociedad mercantil. Esto constaba en el Portal de Transparencia de la Corporación municipal.
En 2016, Guillermo Rocafort solicitó tener acceso a la información sobre los bienes de la que era la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Este quería conocer los datos que hubiera sobre la Sicav donde la jueza emérita tenía invertido la cantidad de 430.000€ que se podían ver en el Portal de Transparencia.
Esta solicitud fue inadmitida por el secretario general. En su negativa, refirió que la información era “la aportada por la propia alcaldesa, en el mes de junio de 2015, de acuerdo con el modelo de declaración del Registro de Intereses (…).
El TSJ de Madrid dio la razón a Guillermo Rocafort cuando decidió recurrir la inadmisión. Aludió a que la negativa no estaba siendo motivada, añadiendo la obligación de aceptar la solicitud del jurista.
En ese momento el Consistorio recurrió el fallo de la sentencia cuando todavía estaba Carmena en la alcaldía en 2018. Ahora el recurso ha vuelto a dar la razón a Guillermo Rocafort.
El Tribunal Superior de Justicia afirma en la última sentencia que la información solicitada debería estar en poder del Consistorio.
Ante esto solo cabe interponer recurso de casación, pudiendo afectar a los intereses de la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena.
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